Llamar aún al 18-O como “estallido social” es un error conceptual y político. Pues, daría a entender que fue un fenómeno espontáneo producto del malestar ciudadano. Sin embargo, tras seis años, no cabe duda que el 18-O fue una insurrección cuidadosamente articulada bajo un entramado ideológico y operacional que desbordó los límites de la protesta legítima. Lo ocurrido en Chile debe entenderse como un proceso insurreccional que buscó la desestabilización del orden institucional, la erosión del Estado de Derecho y la imposición de una nueva hegemonía cultural y política desde la izquierda radical.
La influencia de la “revolución molecular”, inspirada en los postulados de Gilles Deleuze y Félix Guattari, se hizo evidente. Esta teoría plantea la subversión no a través de un frente armado centralizado o jerárquico, sino mediante múltiples focos de desorden, coordinados simbólicamente y sostenidos por una narrativa de victimización gracias la deconstrucción de las subjetividades y deseos. Así se explica la simultaneidad de incendios, ataques a infraestructura crítica y la conflictividad discursiva en medios de comunicación, redes sociales y en la misma calle. Lejos de ser un episodio superado, la amenaza persiste. Figuras como Eduardo Artés han declarado abiertamente que, si José Antonio Kast ganase la presidencia, ni la calle ni las izquierdas dejarían gobernar. No cabe duda que este sería el escenario que empujarían ciertas izquierdas ante la posibilidad de cualquier candidato de derechas que fuera electo presidente en las próximas elecciones. Con todo, este tipo de afirmaciones no son meras charlatanerías: es una confesión de querer poner en jaque a nuestra institucionalidad, que se activa cada vez que la democracia no produce el resultado que ciertos sectores desean. Por eso, comprender octubre de 2019 como una insurrección no es una opción semántica: es una necesidad política y cultural para defender nuestra institucionalidad.