Para comprender las manifestaciones en Irán es necesario abandonar una lectura superficial. No se trata simplemente de protestas sociales ni de un “despertar liberal” inducido desde Occidente. Lo que ocurre hoy es el desgaste profundo de una arquitectura histórica particular: un Estado que se fundó sobre la fusión entre autoridad política, legitimidad religiosa y un relato revolucionario construido como memoria obligatoria.
La República Islámica nació en 1979 no solo como ruptura con el régimen del sha, sino como reconfiguración total del sentido histórico iraní. La revolución se presentó como redención frente a la humillación extranjera, especialmente estadounidense, y como restitución de una soberanía moral perdida. Desde el inicio, esta narrativa justificó la violencia política —incluyendo el asesinato de ciudadanos estadounidenses y la toma de la embajada en Teherán— como actos legítimos dentro de una lógica de resistencia sacralizada.
Aquí se instala el núcleo del problema: el jefe del Estado no es solo una autoridad política, sino una figura religiosa. El ayatolá no gobierna únicamente mediante leyes, sino mediante interpretación moral. Disentir del régimen implica, por definición, disentir del orden religioso que lo legitima. No hay separación posible entre obediencia política y corrección espiritual. En ese contexto, la disidencia no es oposición: es herejía.
El chiismo, con su fuerte tradición de martirio y sacrificio, fue resignificado como lenguaje estatal. Conceptos teológicos profundamente complejos fueron traducidos en un vocabulario político de victimización permanente. El Estado se presenta como asediado, incluso cuando ejerce control absoluto. Así, cualquier protesta interna puede ser narrada como infiltración, conspiración o traición al sacrificio histórico del pueblo.
Este mecanismo no se limita al interior de Irán. La proyección regional del régimen ha operado mediante la exportación de ese mismo relato. Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen o el sostén al régimen sirio no pueden entenderse solo como estrategias geopolíticas, sino como extensiones simbólicas de la revolución iraní. El terrorismo, en este marco, no es concebido como crimen, sino como instrumento legítimo de resistencia. La violencia se moraliza; la muerte se ritualiza.
La izquierda marxista internacional ha contribuido a esta legitimación. En su lectura binaria del mundo —imperio versus resistencia— ha tendido a confundir antiimperialismo con emancipación. Defender al régimen iraní en nombre de la soberanía cultural implica ignorar que ese mismo régimen reproduce hacia adentro prácticas de coerción, censura y represión comparables —y a veces superiores— a las que dice combatir.
Desde la historia cultural, esto resulta especialmente problemático. Como recuerda Peter Burke, la memoria no es un depósito pasivo del pasado, sino un campo de batalla. Cuando el Estado monopoliza la memoria, la transforma en dogma. Y cuando el dogma deja de ser creído, solo puede sostenerse mediante la fuerza.
Pero ningún mito político es eterno. El mito que no se revisa se convierte en dogma; y el dogma, en opresión. Hoy, lo que vemos en Irán no es todavía el colapso institucional del régimen, sino algo más decisivo: el agotamiento del relato que lo legitimó. Una parte creciente de la sociedad ya no internaliza la narrativa revolucionaria como antes. No porque haya abandonado su cultura o su religión, sino porque ese relato dejó de explicar la vida cotidiana y de ofrecer un horizonte de futuro.
Las manifestaciones actuales deben leerse desde ahí. No son una rebelión contra el islam ni contra la identidad iraní. Son una reacción frente a la apropiación estatal de ambas. El uso obligatorio de símbolos religiosos —como el velo— no es el conflicto central, sino un ejemplo visible de algo más profundo: la eliminación de la elección. La religión, coaccionada por el Estado, deja de ser fe y se convierte en disciplina.
Este despertar es lento, fragmentado y peligroso. Ir en contra de un régimen que se presenta como intérprete de Dios implica un costo psicológico y social enorme. No solo se arriesga la vida, sino el lugar en la comunidad, la familia y la historia compartida. Por eso, el cambio en Irán no puede pensarse como colapso inmediato, sino como erosión prolongada.
Aquí resulta útil recordar a Ludwig von Mises. Para Mises, ningún orden político puede sostenerse indefinidamente solo por la coerción. Todo sistema necesita un mínimo de aceptación social para funcionar. Incluso los regímenes más represivos dependen, en última instancia, de que una parte significativa de la población considere legítimo el mando. Cuando esa convicción se erosiona, el poder se vuelve crecientemente costoso, ineficiente y violento. La fuerza puede contener, pero no gobernar indefinidamente.
A futuro, el escenario es complejo. La red de alianzas regionales, la legitimación simbólica del martirio y la instrumentalización del conflicto hacen extremadamente difícil una intervención externa sin consecuencias devastadoras. Pero también es evidente que el mito revolucionario ha comenzado a fallar. Ya no ordena la experiencia cotidiana ni explica el sacrificio constante. Y cuando un relato deja de dar sentido, el poder que se apoya en él queda desnudo.
Irán no está viviendo el fin de su historia, sino el agotamiento de una forma de narrarla. El verdadero peligro para el régimen no es la presión extranjera, sino la pérdida de su monopolio simbólico. Cuando la memoria deja de ser creída y debe ser impuesta, el Estado ya no gobierna: administra la coerción.
Ese es el umbral en el que hoy se encuentra la República Islámica. Y de cómo se resuelva dependerá no solo el futuro de Irán, sino el equilibrio simbólico y político de gran parte del Medio Oriente.
